Las mujeres rurales en México enfrentan un contexto marcado por profundas desigualdades estructurales. Aunque representan más de la mitad de la población en localidades menores de 2,500 habitantes (50.8%), sólo 3 de cada 10 son ejidatarias o comuneras con derechos plenos sobre la tierra. Esto limita su acceso a apoyos públicos, financiamiento y reconocimiento como productoras.

En el campo, 6 de cada 10 habitantes de zonas rurales viven en pobreza. La agricultura sigue dominada por la subsistencia y el minifundio, lo que limita la productividad y obliga a las mujeres a combinar múltiples actividades productivas, domésticas y comunitarias.

A pesar de su capacidad organizativa y creatividad, las mujeres rurales enfrentan múltiples obstáculos para emprender y sostener proyectos productivos. Entre los principales retos destacan la falta de acceso al financiamiento formal (9 de cada 10 microempresas no logran acceder a crédito), la escasa infraestructura productiva y tecnológica, y la alta carga de trámites legales que muchas veces las mantiene en la informalidad. A esto se suma la desigual distribución del trabajo de cuidados, que reduce el tiempo disponible para fortalecer sus negocios, y la falta de propiedad de activos, especialmente la tierra, que limita su acceso a programas públicos y apoyos productivos. Estas barreras no solo restringen sus oportunidades de crecimiento económico, sino que también perpetúan la invisibilización de su trabajo en la economía local.